Entra en vigor el “Registro de viajeros”

El 2 de diciembre 2024 entró en vigor el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

La regulación contenida en el Real Decreto 933/2021, obliga a las empresas de alojamiento y alquiler de vehículos y a las agencias de viajes a comunicar al Ministerio del Interior los datos de las reservas de sus clientes.

Por tanto, conforme con esta nueva normativa, las empresas señaladas vienen obligadas a recopilar y almacenar hasta un total de 40 datos personales de sus clientes durante el plazo de tres años. La entrada en vigor de esta ley ha estado rodeada de polémica, por cuanto se considera que podría conculcar derechos fundamentales, así como la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Agencias de viajes y empresas hoteleras critican esta nueva normativa por establecer una serie de obligaciones innecesarias que obliga a los viajeros a comunicar datos sensibles de naturaleza confidencial.

Hoteles, agencias de viajes, campings, alojamientos turísticos o intermediarios estarán obligados a proporcionar al Ministerio del Interior los datos confidenciales de sus clientes a través de una nueva plataforma y APP informática.

El sector turístico ha mostrado su rechazo ante las medidas reguladas en la ley, dado que exigen el manejo de un alto volumen de datos confidenciales, lo que comportará tiempos de espera mayores para los clientes como consecuencia de la cumplimentación de trámites administrativos complejos y tediosos. Por otro lado, se considera que la normativa conculca frontalmente con los derechos regulados en el reglamento de la Unión Europea.

La ley, establece, por tanto, la obligación de los viajeros de concretar la relación de parentesco cuando alguno de los huéspedes sea menor de edad, y por otro lado, el deber de precisar el medio de pago que utilicen e identificación modalidad transacción económica, es decir, si se efectúa mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o plataforma digital de pago.

La aplicación de la norma supone una invasión innecesaria sobre la privacidad de turistas, ciudadanos españoles y extranjeros, por el hecho de exigir la entrega y registro de información personal y confidencial sensible, y la recopilación de datos financieros, relaciones familiares o de parentesco y métodos de pago.