31/12/2021 Fin de la moratoria concursal.

El día 31 diciembre 2021 finaliza la última prórroga de la moratoria de la ley concursal adoptada por el Gobierno en marzo del 2020 como herramienta prevista para proteger al sector empresarial de las acciones de reclamación de acreedores. El confinamiento forzoso impuesto por el Gobierno como consecuencia de la crisis del COVID, desembocó en uno de los más importantes y graves retrocesos económicos para el conjunto de la actividad comercial española.

Las empresas españolas sufrieron fuertes tensiones de tesorería. El Gobierno pretendió con el establecimiento de la moratoria concursal, parapetar todo el sector con el fin de evitar la mayor destrucción de tejido empresarial de los últimos tiempos.

La moratoria ordenaba la suspensión de la obligación de presentar concursos voluntarios por parte de las empresas deudoras insolventes o en vías de “insolvencia inminente”. Asimismo, también se suspendió la posibilidad de interponer concursos necesarios de las sociedades deudoras, tramitados a instancias de sus acreedores. Todo ello comportó que al inicio de la medida se produjera un descenso acusado en la presentación de concursos. Igualmente cabe justificar dicha caída con motivo de la concesión de préstamos ICO unido a la tramitación de los procedimientos ERTE, lo que mitigó en cierta medida los graves problemas de liquidez empresarial, evitando que las sociedades y empresarios incurrieran en mayores gastos derivados de costosas reestructuraciones de sus plantillas.

Quizás resulten más discutibles las sucesivas y posteriores prórrogas adoptadas por el Gobierno cuyos beneficios no han sido tan evidentes para las empresas insolventes que no han sabido aprovechar las moratorias para refinanciar adecuadamente sus pasivos y/o apuntalar o expandir sus recursos propios.

Las empresas que han hecho los deberes durante este largo periodo tendrán más posibilidades de salir robustecidas y con mejores perspectivas de futuro. No así, aquellas otras empresas que se han limitado a gestionar la crisis con medidas cortoplacistas y sin perspectiva real de la situación. Estas empresas se tendrán que afrontar al fin de la moratoria concursal dentro de un contexto económico muy complicado, soportando a su vez, las graves consecuencias derivadas del hecho de incumplir con los requisitos de ley concursal en supuestos de insolvencia, tanto en lo que afecta a los riesgos de someterse a la tramitación de un concurso necesario a instancias de acreedores, como por el hecho de omitir la obligación legal de los administradores sociales de presentar el concurso voluntario de las sociedades que administran.