La Identidad Digital Europea.

Se trata de un identificador digital impulsado por la Unión Europa para ser implementado en todos sus países, con el que se pretende que todos los ciudadanos europeos puedan identificarse digitalmente para realizar diferentes gestiones y operaciones.

Este sistema que está en vías de desarrollo está suscitando muchas controversias como consecuencia del peligro que puede representar a efectos confidencialidad y seguridad de datos personales.  

La Unión Europea también pretende que, a través del mismo sistema, se implemente un monedero digital propio (Wallet), donde consten centralizados nuestros documentos, así como gestiones y procedimientos administrativos, fiscales, financieros, etc…

A través de dicho monedero instalado de forma obligatoria como App en todos los móviles, se pretende también queden centralizadas todas las medidas de seguridad y privacidad que afectan a los sistemas de pago de cada ciudadano, así como la integridad de sus datos personales.

Estos esfuerzos para centralizar la posibilidad de realizar gestiones telemáticas también se enfocan en la idea de crear una identidad digital, a modo de identificador virtual obligatorio para todos los ciudadanos de la UE, para acceder a distintos servicios, tanto públicos como de índole privada. La pretensión es instaurar un modelo de certificado digital que se complemente a efectos transacciones económicas con un tipo de “monedero digital europeo” en la misma aplicación.

El protocolo de Identidad Digital de la Unión Europea deberá ser aceptado por todos los países europeos. Por tanto, servirá para que los ciudadanos europeos puedan realizar transacciones económicas en entidades bancarias, a modo identificador europeo, todo ello con la pretensión de evitar gestiones y burocracia en términos de identificación.

La idea es facilitar la identificación de personas y reducir gestiones a través de dicho concepto, unificando en una misma APP, un modelo de identificador Digital Europeo, reconocido por todos los países de la UE, junto con un “monedero digital europeo” para poder acceder a cualquier servicio, transacción o gestión administrativa.

Arrendar una vivienda en cualquier estado de la UE, operaciones financieras, abrir cuentas bancarias, gestionar recetas médicas etc.., son algunos de los ejemplos con los que la idea de un Identificador digital europeo se presenta como modelo supuestamente eficiente y práctico dirigido a la reducción de costes y obstáculos burocráticos. Todo ello, se pretende conseguir mediante la centralización y acceso rápido a los documentos identificativos de cualquier ciudadano de la UE a través de la aplicación digital referida, evitándose la complejidad de obtener certificados digitales de cada país.

La Unión Europea ya tiene preparado el proyecto, no obstante, la identidad digital europea suscita muchas dudas entre los expertos. Pueden existir brechas de seguridad provocadas o aprovechadas por ciberdelincuentes para obtener datos personales de los ciudadanos y revenderlos con fines lucrativos a grandes empresas tecnológicas.

Por otro lado, existe la creciente preocupación de que la normativa reguladora de toda esta tecnología derive en un escenario de ciber-vigilancia distópica y control masivo de ciudadanos por parte de los estados miembros y administraciones públicas.

Por otro lado, tampoco está resuelto el problema derivado de posibles situaciones de cohecho, entre estados y empresas tecnológicas designadas oficialmente para la emisión de certificados, ni el peligro que supondría a efectos de privacidad la aparición de brechas de seguridad. Tampoco está resuelta la forma de impedir, controlar o minimizar las consecuencias que puedan derivarse de la existencia de fisuras en los sistemas que permitan la revelación de datos confidenciales   

A falta de un texto definitivo que regule toda esta tecnología, la UE ya está trabajando en diferentes borradores. La pretensión de implementar el Certificado de Identidad Digital Europeo es ya un hecho. Si nada lo impide este modelo de identificación se acabará imponiendo de forma obligatoria para todos los ciudadanos, solo falta la redacción del texto definitivo y aprobación a medio – largo plazo por el Parlamento Europeo y Consejo de la UE.

>> Más información oficial <<